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Aunque la economía sumergida sea un concepto de uso común no se puede hablar de que exista una definición exacta del mismo.  Para la Comisión Europea, siguiendo las definiciones del Eurobarómetro,  es “aquella actividad remunerada que siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas, ya sea a la hora de liquidar impuestos o de ingresar las cotizaciones de los seguros sociales”. Dejando de lado las actividades de naturaleza ilegal, como el tráfico de drogas, la prostitución, el contrabando de tabaco y el juego ilegal. Éstas últimas, curiosamente, por  orden de la Comisión Europea, desde 2010 deben incluirse en el Producto Interior Bruto de cada país. Para la OCEDE son las actividades productivas en sentido económico que se ocultan de manera deliberada a las autoridades. Estas definiciones se matizan en mayor o menor medida según los diferentes estudios que se realicen sobre el tema, y que son los que los medios de comunicación difunden.

Personalmente creo que a la hora de  definir el fenómeno hay que entenderlo de modo amplio, tanto con las actividades legales como ilegales, ya que estas últimas también “blanquean” la mayor parte del dinero posible y no deja de ser una manifestación de actividad económica por muy ilegal que sea. Incluso el aprovecharse de los vacíos legales y la confusión normativa para  marcar diferencias con una empresa que cumple formalmente, en mi opinión, también forma parte del fenómeno. Sin la inclusión de todas sus manifestaciones nunca podremos acercarnos  a la dimensión real del fenómeno.

Según el reciente informe La economía sumergida en España de la Fundación de Estudios Financieros el 8% del PIB es consecuencia del fraude en materia laboral y vendría a representar un millón de puestos de trabajo, y que en términos de PIB significaría que la recaudación adicional sería de entre 18.000 a 20.000 millones de euros al año. También en este año 2014 el Sindicato de Técnicos del Ministerio de  Hacienda, Gestha ha presentado otro relevante informe La economía sumergida pasa factura, donde se dice que en 2012 se han escapado al control de Hacienda 253.000 millones de euros, y que es un fenómeno que se incrementa en unos 15.000 millones de euros al año desde 2008, año en que “se dice” que empezó la crisis. O que en 2010 las grandes empresas han defraudado el triple que las Pymes, y donde aquellas representan el 72% del fraude. ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, estima que el 25% de las actividades económicas que se desarrollan lo hacen en “B”, representado una competencia desleal para quienes sí  cumplen con todas sus obligaciones legales.

Con independencia de que se piense que la economía sumergida es culpa del que la práctica, de los gobiernos que no la han atajado con seriedad o que no dan los instrumentos para que florezca en sus vertientes legales o con posibilidad de legalizarse, o lo que se piense, lo que está claro es que la dimensión de las cifras del anterior párrafo a nadie le dejan frío.

Cuando uno se acerca al tema de la economía sumergida lo primero que llama la atención es su complejidad en cuanto a los hechos particulares que la manifiestan y su transversalidad en la sociedad. En el siguiente párrafo, dentro de este concepto amplio, vamos a ejemplificar múltiples casos que son manifestación de la economía sumergida; aunque eso sí, como dice el refrán: “ni están todos los que son, ni son todos los que están”.

La multinacional que ejercita actividad económica en España pero aprovechando los múltiples sistemas tributarios de la Unión Europea da pérdidas, como Apple que en 2013 obtuvo 2,2 millones de euros en España en vez de contribuir a la Hacienda Pública obtuvo una devolución de 198.000 euros. Por supuesto que esto es legal, pero lo que no es moral ni de recibo para sus clientes españoles que si contribuyen. La Pyme o el autónomo que no emiten facturas por todos los servicios profesionales que prestan. Quienes recolectan setas, trufas o productos naturales sin permisos ni pagos de Seguridad Social y lo venden a los comercios o restaurantes, donde estos evidentemente pagan en “B” sin mediar factura. El agricultor que vende la cosecha en “A” pero el forraje en “B”. Quienes cobrando una prestación por desempleo o subsidio incompatible con el empleo recurren ocasionalmente a realizar las populares “chapuzas” para complementar su renta. Quienes, en la misma situación anterior, se han convertido en “profesionales” del trabajo en “B” y ni buscan ni desean un trabajo legal porque esto les permite obtener más ingresos y beneficios sociales que si trabajasen. Para quienes trabajando por cuenta ajena recurren a este tipo de trabajos para cumplimentar su renta, recuerdo que hace años los contables de las empresas se dedicaban en horas libres a llevar contabilidades de autónomos y Pymes, a más bajo precio que las gestoría, o a realizar declaraciones de la renta. Y por supuesto todas las actividades ilegales, algunas de las cuales ya va siendo hora de que se planteen legalizarlas para luchas contra las mafias que las controlan. Sin olvidar en todo esto los “clientes” que pagan e incluso algunos se vanaglorian de que engañan al fisco.

Evidentemente no son iguales los volúmenes en que engañan unos y otros. Particularmente me preocupa más una multinacional que utilice triquiñuelas para evadir del fisco millones de euros que un agricultor que obtiene 1.000 euros por la venta de forraje en “B” a un ganadero. Aun siendo ambos hechos manifestación de la economía sumergida. Lo mismo que tampoco son iguales las causas que llevan a unos y otros a participar de la misma, porque no es igual quien recurre a ella porque no le queda más remedio para afrontar sus gastos que quien ha hecho de esto su modo de vida.

Sin quitar ni pizca de responsabilidad a quien la ejercita tampoco se debe eximir a quienes desde las instituciones gubernativas y de responsabilidad política deben combatirla. A día de hoy, en gran medida gracias a la corrupción, no están moralmente legitimados a echar en cara a nadie que participe de la economía sumergida, tanto por el nivel de corrupción como por la falta de igualdad que producen hechos como que los diputado ni senadores, vía exenciones “ad hoc”, no tributen completamente por sus percepciones salariales, al contrario que cualquier trabajador sometido a nómina.

Sin entrar en consideraciones, ni éticas, ni prácticas, lo que sí está claro es que nuestros representantes políticos deben intentar buscar soluciones para que la economía sumergida aflore y contribuya al común. En un artículo posterior analizaremos algunas de las soluciones que se proponen y haremos nuestra aportación al tema.

¿Consideras tan grave la situación cómo dicen las cifras? ¿Crees que perjudica al desarrollo socioeconómico local?