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El impacto local de la economía social. Algo más que números.

El impacto local de la economía social. Algo más que números.

Si atendemos a los datos de la Confederación Empresarial Española de la economía social (CEPES), en su publicación “La Economía Social en España 2013”, estaríamos hablando de 44.563 empresas y 2.215.175 puestos de trabajo que representarían el 12% del Producto Interior Bruto español, es decir cerca de 151.000 millones de euros. Cifras que son ciertamente interesantes. Sin embargo estos números, que en otro contexto y por sí solos no representarían más que meras cifras macroeconómicas al servicio de los intereses del gran capital, contextualizadas en la economía social se ponen al servicio de las personas.

Este artículo no pretende cantar las alabanzas a los miles de millones de euros que genera la economía social, no se trata de cuantificar, sino de cualificar. No pretende ser un profundo estudio académico de las grandes cifras, ya que ni su formato de artículo lo permite, ni vamos a estudiar lo que ya está estudiado con bastante acierto.

Si una nota característica puede definir la relación entre la economía social y el territorio donde desarrolla su actividad económica es la vinculación. Tanto en su vertiente tradicional de cooperativas y mutualidades como en aquellas figuras de más moderna incorporación, el vínculo hacia el territorio personificado en sus habitantes es muy estrecho. No sólo es que se nutre de mano de obra en un territorio, sino que el capital económico que se apuesta pertenece a los proyectos personales de multitud de personas que desarrollan su vida profesional en la empresa.

A través de la observación de las cualidades del empleo que genera en el medio en que se desarrolla la economía social podemos observar su importante contribución a la cohesión social.  

El empleo representa la posibilidad de dar unos medios de vida dignos a las personas que trabajan en estas actividades económicas. Esto propicia que desarrollen su proyecto vital en donde viven y no se vean forzados a emigrar en pos de un trabajo. Esto último tiene especial relevancia cuando estas actividades de Economía Social se encuentran en el medio rural.

La economía social es un antídoto contra los procesos de deslocalización productiva. No obedece a motivos estrictamente económicos, cuentan los intereses de todos sus miembros. En aquellas formas en que la propiedad de la empresa es mayoritariamente de los trabajadores es muy difícil, por no decir casi imposible, que se trasladen todos ellos y su actividad económica a vivir a otra región o país. Además, en algunas cooperativas se está observando una continuidad generacional en el que los hijos se han vinculado laboralmente a las empresas de los padres.

Otro aspecto importante que se pone de manifiesto en la economía social es el empleo que genera entre los colectivos más vulnerables de ser excluidos del mercado laboral. Evidentemente esto no es a través de una sola figura ni circunstancias. Así encontraremos a los centros especiales de empleo como una herramienta inclusiva para las personas con discapacidad, siendo su vinculación al medio local más fuerte cuando su titularidad corresponde a fundaciones y asociaciones de los mismos y/o sus familiares. También las empresas de inserción juegan un papel fundamental en este sentido, ya que fueron concebidas para generar empleo entre las personas en situación o grave riesgo de exclusión social, como exreclusos, perceptores de rentas de inserción, extoxicómanos, etc.  Y, para finalizar estos ejemplo, el caso de las mujeres y las cooperativas, que fue una herramienta de incorporación al mercado de trabajo de la mujer española desde finales de los años setenta, y que se estima que en la actualidad representan un 48% del personal de aquellas.

Finalmente destacar que los estudios existentes sobre este tema también destacan que se favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos directivos, tanto de las mujeres, como del colectivo de mayores de 55 años; que se permite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral; que existe una menor diferencia salarial entre directivos y el resto de los trabajadores; y con quienes trabajan en ellas suelen tener mayor estabilidad en el empleo a lo largo de su vida laboral.

Tampoco hay que olvidar la contribución de la economía social a la cohesión territorial. A nadie se le escapa que la realidad rural-urbana de nuestro país es todavía muy distante. E incluso dentro de las propias realidades rurales nada tienen que ver los amplios municipios andaluces con la atomización de los castellanoleoneses.

Pero volvamos a la brecha rural-urbana. Casi el 55% de las empresas y el 57% de los trabajadores adscritos a la economía social están establecidos en municipios de menos de 40.000 habitantes. Aunque comparado con el resto de empresas del ámbito rural su peso es pequeño, en torno al 5% de las mismas, es significativo que la economía social esté contribuyendo a la diversificación económica. Así encontramos experiencias cooperativas que gestionan residencias de ancianos o prestan servicios de atención domiciliaria a personas mayores del medio rural. Tampoco hay que olvidar el importante papel de las Sociedades Agrarias de Transformación a la hora de procesar y comercializar productos agroalimentarios, propiciando que el beneficio revierta sobre los productores del territorio y no sobre grandes compañía del sector.

El último ejemplo me lleva a recordar que la propiedad de los socios sobre muchas de las empresas que conforman la economía social posibilita que el reparto de beneficios económicos se focalice en el propio territorio en que desarrollan su actividad.

Por otro lado la economía social tiene un impacto positivo en las diferentes administraciones que deben velar por el territorio. Desde el punto de vista del marco de la utilidad social el desarrollo de las diferentes actividades económicas y la generación de empleo suponen, por poner dos ejemplos, un menor coste en prestaciones por desempleo, y un menor gasto en los servicios asistenciales dirigidos a los más desfavorecidos.

Finalmente me gustaría recordar que las prácticas democráticas que caracterizan a las principales figuras que conforman la economía social redundan en educar en democracia participativa y por tanto en la gobernanza. El hacer que las personas sean partícipes directos de las decisiones empresariales, analizando pros y contras, adquiriendo conocimientos sobre las consecuencias económicas de las diferentes decisiones económicas que puedan tomarse, y fomentando el debate y al opinión, sirven para crear conciencia sobre la importancia de participar en la toma de decisiones en todos los ámbitos se su vida.

Con todo lo anterior se puede concluir que la economía social produce un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico local. Por supuesto que dada la amplitud de la misma existen distorsiones y variaciones de matiz en lo expuesto. Pero en conjunto es indudable que beneficia al medio local dotando a las personas de un medio de vida digno en el que mayormente son los protagonistas.

Centros Especiales de Empleo: ¿Es economía social todo lo que reluce?

Centros Especiales de Empleo: ¿Es economía social todo lo que reluce?

Los Centros especiales de Empleo surgen amparados por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido, actualmente actualizada, refundida y armonizada en la Ley General de Discapacidad, nombre corto con el que se designa al Real Decreto-legislativo 1/2013 de 29 noviembre Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Y se fundamentan en dos reales decretos, uno para configurar la figura y otro para regular el carácter especial de la relación laboral.

Grosso modo, los Centros Especiales de Empleo se caracterizan por realizar una actividad económica de carácter productivo, donde al menos el 70% de sus trabajadores son personas con discapacidad. Se conforman como empresas ordinarias con independencia de su función social. Y forman parte per se de la economía social.

Por otro lado es una figura fuertemente subvencionada por parte de las administraciones Públicas en referencia a las personas con discapacidad contratadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, estamos hablando de unos importes directos, por una sola vez, entre 9.000 y 15.000 € por cada puesto creado con carácter estable, según sea el 70% o el 90% de la plantilla personas con discapacidad; del ahorro del 100% de la cuota de la seguridad social empresarial mientras dure la relación laboral; y mensualmente del apoyo del 50% del salario mínimo profesional en la nómina de cada trabajador.

Esto daría lugar a otro debate muy interesante alrededor de las distorsiones que sobre el precio final pueden producir las subvenciones cuando la discapacidad no afecta, o afecta mínimamente, a la productividad; no hay que olvidar que todo es medible y cuantificable. Nos encontramos así con la circunstancia de que un mismo producto elaborado por distintas empresas posee unos márgenes abismales de beneficio respecto al precio ordinario de mercado.

Cuando escribí el post sobre el marco legal de la economía social en España ya expuse la definición, los principios inspiradores que la presiden y quiénes la conforman acorde a la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. De todo ello, me gustaría rescatar tres elementos. Por un lado la definición recogida en su artículo 2, donde dice que: “Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”. Por otro, la existencia de una serie de figuras jurídicas que por el mero hecho de serlo son economía social, como los Centros Especiales de Empleo. Y finalmente la existencia de unos principios orientadores en base a los que actúan las entidades de economía social.

Hasta ahora todo bien, muy correcto. A nivel general y dentro de la filosofía que prima en esta ley y en las normativas que crean los Centros Especiales de Empleo el encuadre en la economía social es impecable. Pero ¿Qué pasaría si analizásemos los casos particulares?

Evidentemente cada Centro Especial de Empleo es un mundo en sí mismo, desde quién lo promueve, hasta el tipo de personas con discapacidad que conforman principalmente su plantilla. Sin olvidar el mayor o menor ánimo de lucro que pretendan sus titulares. A priori no son los mismos intereses los que mueven a una asociación de padres y tutores de personas con discapacidad que los que puede tener una gran empresa en montar un centro de trabajo de estas características. Repito, “a priori”.

El conocimiento de casos particulares nos llevó en su día a formularnos ciertas preguntas. Como, por ejemplo, si en todos los casos, y en referencia a los principios orientadores, ¿se puede afirmar la “primacía de las personas y del fin social sobre el capital”? Y, también, ¿qué hay de la “gestión autónoma y transparente, democrática y participativa”? La verdad es que, más allá de las obligaciones recogidas en el derecho sindical, no se aprecia esta participación de los trabajadores en la gestión de la empresa.

Evidentemente desde el punto de vista jurídico nadie poner en duda que ni los Centros especiales de empleo, ni cualquier otra figura de las enunciadas por la Ley 5/2011, son economía social. Sin embargo, y en mi opinión, cuando una ley hace referencia a una serie de principios inspiradores en su articulado, debería ser más cuidadosa por velar para que se cumplan los mismos. Si a cualquier otro tipo de empresa o actividad económica que voluntariamente quiera ser parte de la economía social, le van a exigir cumplir escrupulosamente con estos principios ¿por qué en determinados casos particulares alguna de estas figuras pueden no hacerlo?

Lo anterior es un agravio comparativo no sólo hacia fuera, también hacia otros Centros Especiales de Empleo y hacia las figuras que son economía social por definición legal y que sí las cumplen. Sería deseable que se modificase la ley para que la inclusión en la economía social fuese previo cumplimiento de los principios inspiradores, tanto en los Centros Especiales de Empleo, como en cualquier otra figura de las que son parte de ellas por definición legal. Sería sencillo definiendo cada aspecto, estableciendo unos indicadores y su forma de medición.

Todo lo expuesto no es una crítica a la figura de los Centros Especiales de Empleo, me parece una de las herramientas más valiosas que tienen las personas con discapacidad para su inserción laboral. La cuestión es si se debería controlar y diferenciar entre quienes conforman la economía social y aquellos que se amparan bajo este paraguas para salvaguardar su imagen y generar distorsiones respecto al mercado en que les toca competir.

La crítica viene en primer lugar a los titulares de los Centros Especiales de Empleo, ya sea una asociación o una multinacional, que se aprovechan de la figura olvidando los principios inspiradores de los propio Centros Especiales de Empleo y de la economía social. Y en segundo lugar a los legisladores, que propician desviarse de la esencia de la economía social al no establecer mecanismos de control.

¿Conoces otras situaciones en que se desvirtué la esencia de la economía social? ¿Te parecería adecuada la existencia de un protocolo de obligado cumplimiento para todas las entidades que conforman, o puedan conformar, la economía social?

 

 

Fotografía: Por PublicDomainPictures CC0 Public Domain. [http://pixabay.com/es/service/terms/#download_terms], víahttp://pixabay.com/

 

Economía social en Latinoamérica.

Economía social en Latinoamérica.

En artículos anteriores hemos abordado el origen histórico de la economía social y su marco jurídico en España. Aunque el fenómeno es de origen francés y con gran desarrollo en el continente europeo, también se repite en otras partes del mundo. Por su afinidad me ha parecido interesante hacer una breve aproximación a su situación en Latinoamérica.

Abordar un fenómeno desde la realidad plurinacional es altamente complicado porque no existe un marco jurídico único que defina lo que se entiende por economía social en cada uno de los países, a lo que hay que añadir un trato diferente y disperso de los datos sobre las entidades que conforman la economía social. Por eso este artículo debe tomarse como una somera aproximación de la realidad de todos y cada uno de los países latinoamericanos.

Lo primero que llama la atención al acercarse a la economía social en Latinoamérica es que en muchos casos se le añaden las palabras “y Solidaria“. Con la economía solidaria o de la solidaridad se hace referencia a actividades que, aunque no son parte de la economía formal tradicional, comparten objetivos y principios de la economía social. No obstante sigue debatiéndose la unión de ambos términos.

A pesar de la variedad de figuras que son consideradas economía social en Latinoamérica, atendiendo a las diversas fuentes éstas se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Así podemos encontrarnos con las Mutuales (en España llamadas Mutualidades), Cooperativas, Fundaciones, y Asociaciones con finalidades socioproductivas y de promoción. Entre estas últimas encontramos, por ejemplo, las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas.

Respecto a las comunidades indígenas algunos documentos destacan la raigambre cultural que la economía social tiene en las mismas, refiriéndose a los sistemas cooperativos que presidían las relaciones dentro de estas comunidades en tiempos pasados.

Aunque no existen datos totales y absolutos que cuantifiquen el peso de la economía social en Latinoamérica, se han realizado varias investigaciones para mostrar su dimensión. La obra La Economía Social en Iberoamérica: Un acercamiento a la realidad, editado por la Fundación Iberoamericana para la Economía Social (FUNDIBES) en 2005, hace referencia en su capítulo dedicado a Mercosur a que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han  constatado la existencia de casi 15.000 entidades cooperativas con cerca de 21.500.000 de asociados. Y esto sin estar completos los datos referentes a Brasil, ya que sólo facilitó información uno de los movimientos asociativos cooperativos. Algunos otros datos ofrecidos también por FUNDIBES, en este caso en 2009, señalan que en toda Latinoamérica podrían ser cerca de 700.000 las entidades de economía social y de solidaridad.

También varía por países el grado de apoyo desde las instituciones al fenómeno de la economía social y el nivel de desarrollo de los instrumentos de apoyo para las entidades que conforman este sector. Así, mientras que en Ecuador uno de los motivos que han llevado a legislar en el sector de la economía social, ha sido permitir a los productores agrícolas comercializar sus productos sin pasar por las manos de un intermediario, en México se ha constituido la Academia Mexicana de Economía Social y Derecho Cooperativo, auspiciada por los poderes públicos.

Volviendo a México es interesante comentar que la finalidad de dicha academia es presentar propuestas en materia legislativa, que posibilite, en las palabras de la Presidenta, “armar el andamiaje jurídico que permita a la economía social convivir en armonía con la capitalista para lograr más puestos de trabajo y autoempleos”.

Lo que sí se puede afirmar es que en todos los países existe preocupación por esta materia y están dando pasos a favor de la misma, con independencia que en unos se tomen mediadas más trascendentes que en otros.

En mi opinión la economía social y solidaria puede representar un papel de primer orden en el desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos. Que los propios individuos sean responsables de su futuro económico, lo controlen, gestionen y tomen decisiones tiene un gran valor para el empoderamiento de las personas. También considero fundamental el papel de la Economía Social de cara a permitir que la denominada economía informal, fenómeno altamente desarrollado en Latinoamérica, pueda mutar en economía formal. Esto es importante porque puede permitir a personas que habitualmente están excluidas del sistema facilitarles un empleo reglado con las ventajas que ello conlleva, desde el acceso a un sistema sanitario hasta una pensión de cara a su jubilación. Además del alto valor para el desarrollo sostenible desde sus diferentes enfoques, social, ambiental y económico que tiene el desarrollo de la economía social.

¿Consideras el fomento de la economía social como un factor de primer orden de cara al desarrollo socioeconómico en Latinoamérica? ¿Conoces alguna experiencia de Economía Social en algunos de estos países y quieres compartirla?

 

Fotografía: Por OpenClips CC0 Public Domain. [http://pixabay.com/es/service/terms/#download_terms], víahttp://pixabay.com/

Marco legal de la Economía Social en España.

Marco legal de la Economía Social en España.

Hace unos días escribí una somera aproximación histórica a la economía social. Siguiendo con el tema iniciado me gustaría contextualizarla en nuestro ámbito más cercano; para ello hoy voy a comentar su encuadre en el marco legal español, para en un futuro escribir sobre del estado de la cuestión en Latinoamérica. Al grano.

A pesar de la dilatada existencia previa de las figuras que la conforman, como por ejemplo la de las cooperativas, la regulación de la economía social concebida como un conjunto aglutinador de las mimas es muy reciente. Apenas hace tres años y medio que se promulgó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social para dar consistencia a la misma. Se da la paradoja de que con anterioridad a la normativa nacional ya existían comunidades autónomas que tenían departamentos específicos en la materia y direcciones generales dentro de sus consejerías. Y es que la normativa nacional no venía más que a certificar una realidad conocida y asentada en el ámbito de la actividad económica.

Previamente a la promulgación de la normativa española hay que hacer mención a la Unión Europea, quien ya había manifestado su interés en el tema en diversos documentos. Podemos citar el dictamen del año 2000 titulado “Economía social y mercado único”, o trabajos encargados en esta materia, donde destaca “La economía social en la Unión Europea” elaborado por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) del año 2007.

Una característica de esta normativa es que engloba al conjunto de entidades que conforman la economía social “con pleno respeto a la normativa aplicable a cada una de ellas”. Reiterando en su art 5.3 que “En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus normas sustantivas específicas”. Es decir, esta Ley no viene a modificar nada preexistente, al contrario, quiere reforzar el papel que como conjunto pueden tener las diferentes manifestaciones de la economía social.

Aunque si queremos saber qué se considera economía social en España debemos acudir a su artículo 2, donde dice: “Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”.

Este artículo 2 confiere dos notas cruciales para pensar en clave de economía social. Por un lado, la actividad económica o empresarial es de “ámbito privado”, no público; situándonos en la esfera de la economía capitalista. Por otro, su finalidad, persigue el interés general en las materias económicas y/o sociales. Es decir dos conceptos muy poderosos de cara a introducir cambios sociales, que perfectamente se puede explicar como el capitalismo al servicio del desarrollo socioeconómico. Es importante porque supedita la actividad económica a un fin diferente al del mero lucro.

Sin duda el artículo más clarificador para conocer la economía social es el número 4, denominado “Principios orientadores”, lo que nos sitúa en el ámbito de las cualidades que componen la economía social. A diferencia de otras normativas que pueden hablar de formas, aquí hayamos el fondo de la cuestión, lo que debe subyacer en la base para encuadrarse en la economía social. Los principios recogidos son:

“a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

  1. b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
  2. c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
  3. d) Independencia respecto a los poderes públicos”.

Más que comentar estos cuatro apartados, lo que hay que hacer es releerles y aprenderles de memoria, son tan significativos por sí mismos que no necesitan comentarios. Son ideas todas ellas con fuerza: primacía de las personas, democracia, resultados orientados al fin  social, desarrollo local, independencia, etc.

El reflejo, o ejemplo, de quiénes son parte de la economía social en España se encuentra en el artículo 5.1, donde se menciona: “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior”. Con este artículo se viene a ampliar las entidades que históricamente se habían considerado economía social: las cooperativas y las mutualidades, certificando la existencia de otras entidades, como los Centros Especiales de Empleo, que por sus características son parte de la economía social. Aunque sería muy interesante estudiar si todos los Centros Especiales de Empleo cumplen con las características definitorias de la economía social, pero este es otro debate.

Pero lo más interesante, a mi juicio, de este artículo 5 es su apartado número 2, donde deja abierta la puerta a que todas las demás “entidades que realicen actividad económica y empresarial” puedan formar parte de la economía social siempre que cumplan con los principios inspiradores mencionados.

El párrafo anterior significa un cuantioso avance en cuanto a la concepción pura de la actividad económica como únicamente generadora de lucro y dirigida a beneficiar a los titulares de la misma. Significa que cualquier emprendedor o empresario puede realizar su actividad económica bajo unos parámetros más democráticos y orientados a obtener un impacto social positivo con su actividad económica. Una auténtica declaración de compromiso y acción por parte del titular de la misma.

También prevé la Ley un Catalogo de entidades de economía social, que con carácter público mantendrá actualizada las entidades que la componen. Esto quiere decir que cualquier tipo de empresa que preste y cumpla con los Principios orientadores puede recibir, al menos, el reconocimiento social que conlleva ser parte de la economía social.  La realidad es que a día de hoy no existe dicho catálogo legalmente previsto hace tres años.

El resto del articulado tiende a fijar unos interlocutores válidos a nivel nacional, medidas de fomento y difusión de la economía social en su conjunto, estadística, etc.

Como anécdota colateral de esta ley, resulta curioso cómo algunas veces lo políticos meten con calzador en una ley la modificación de otra,  sin que tenga que ver mucho entre ellas, pero eso es otro tema. Valga de ejemplo su disposición Adicional sexta, titulada: “Ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de Licenciado en Psicología o Graduado en el ámbito de la Psicología”.

En conclusión, lo esencial es que por fin una ley reconoce la existencia de la economía social definida por sus características, y lo que es más importante, deja plena libertad a que otras iniciativas empresariales asuman los mismos objetivas y trabajen en pos de una sociedad más justa.

 

Desarrollo Local y Agenda Post-2015

Desarrollo Local y Agenda Post-2015

Este fin de semana he estado consultando el estado de situación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pues 2015 está cerca (año de su finalización, desde sus inicios en el 2000) y llevo tiempo pensando en desarrollar en el blog los resultados de esta iniciativa, cuyas conclusiones serán objeto de una intensa atención internacional durante todo el año que viene.

Independientemente de los resultados finales que entonces se analicen, lo que es indiscutible es que los ODM como instrumento han resultado interesantes, y de hecho desde 2012 se está trabajando la Agenda de Desarrollo Post-2015, un grupo de trabajo formado esencialmente por expertos de distintos ámbitos que están ayudando a planificar el escenario de intervención para el desarrollo tras el 2015, y que están buscando el consenso político necesario para llevar a cabo la etapa post ODM. ¿Contaremos con otro instrumento similar a los ODM? Pues parece que sí, en torno a los que se van a denominar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta entonces, hasta que este proceso termine de concretarse, en el marco de instrumentos que proporciona la Agenda existe la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre los ámbitos donde piensa han de centrarse las prioridades de la misma (puede votar aquí).

Bueno, el hecho es que realizando esta consulta me he encontrado con el informe La Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible, un documento publicado a finales de julio por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (ESS), y que señala, en el marco que hemos explicado, la importancia de impulsar la ESS dado el potencial transformador que para la humanidad tiene en un contexto en el cual uno de los principales retos es contar con un modelo de desarrollo socialmente sostenible. El documento señala las siguientes áreas como claves en tal sentido:

1.- Transición de la economía informal al trabajo decente.
2.- Ecologización de la economía y la sociedad.
3.- Desarrollo económico local.
4.- Ciudades y asentamientos humanos sostenibles.
5.- Bienestar y empoderamiento de las mujeres.
6.- Seguridad alimentaria y empoderamiento de los pequeños agricultores.
7.- Cobertura sanitaria universal.
8.- Finanza solidaria.

La ESS, desde este informe, se define como “un enfoque económico que favorece la descentralización y el desarrollo local y está dirigido por valores éticos“, proporcionando a la sociedad “creación de empleo, acceso a los mercados, suministro de intermediación financiera y economías de escala” desde la esfera económica; “una mejor protección, ya que se construye a partir de los principios de mutualismo, solidaridad y reciprocidad y defiende la protección social integral y la redistribución“, desde la esfera social; y la promoción de “justicia medioambiental y aspirar a garantizar que la actividad económica mejore en lugar de mermar el capital natural”, desde la esfera medioambiental. Además, hay una lectura política, pues la ESS suele integrar economía social fundamentada en fuertes principios democráticos.

Así pues, y pese al interesante debate que puede darse de analizar la creciente importancia de la ESS y de su papel en la sociedad en las próximas décadas, hoy nos centraremos en la tercera de las áreas clave señaladas, y que hace referencia a su importancia como instrumento generador de desarrollo económico local, dado lo central de dicho enfoque en la actividad de Iniciativa Local. Algunas de las claves que el informe refleja, respecto a la importancia de la ESS en términos de desarrollo local, son:

  • El potencial que tiene como aglutinador de procesos democráticos y participativos, que involucra a todos los agentes sociales. Desde esta perspectiva, y dado que la actividad económica utiliza recursos locales, parece normal que las partes privadas, públicas y la sociedad civil articulen estrategias comunes, y que incluso las hagan valer ante instancias superiores. La ESS, por tanto, se muestra como una herramienta de inclusión y gobernanza.
  • La particular relevancia que tiene en el medio rural para fijar población, sobre todo joven. Esto es posible dado el potencial que tiene como generador de trabajo que responde a necesidades no cubiertas, especialmente importante en áreas deprimidas, lo que le confiere una alta compatibilidad con los intereses locales.
  • En este proceso es fundamental el efecto que tiene sobre la puesta en valor de los recursos locales sobre los que incide, dado que evita que su aprovechamiento sea desviado a las grandes cadenas productivas y que se queden en el medio local, incidiendo sobre los ingresos locales y sobre la reinversión de excedentes en el mismo.
  • En general, pero para determinadas regiones en especial, como las que conforman el espacio latinoamericano, la ESS es un importante medio para la gestión comunitaria de riesgos. A través de ésta pueden gestionarse seguros mutuos, métodos de ahorro, bancos de cereales, abastecimiento de bienes y servicios, etc., que suplen las deficiencias de la intervención pública en aquellas. Se fundamentan, pues, en un importante componente de solidaridad.
  • El informe concluye que, sin ser la ESS la solución a todos los retos del desarrollo local, sí es en cambio un excelente instrumento para “proporcionar soluciones concretas a los retos que surgen en procesos asociados al desarrollo económico y a la responsabilidad locales“. Y ello es, fundamentalmente, porque tiene un elevado grado de legitimidad para participar en la gobernanza local y participar en la construcción de políticas públicas, dados sus fundamentos democráticos y su adhesión a criterios sociales y ambientales.

Está por ver cómo la Agenda Post 2015 abordará la propuesta de inclusión de la ESS entre sus temas de consulta, y si la valorará realmente como un instrumento válido en la nueva estrategia de los ODS. ¿Usted que cree?

¿Conoce algún caso de ESS que le resulte especialmente interesante? ¿Cree que gozará de la atención político institucional necesaria para su impulso en los próximos años?

Imagen: Naciones Unidas. Logotipo de la Agenda de Desarrollo Post 2015.

La Economía Social: Breve aproximación histórica.

La Economía Social: Breve aproximación histórica.

La Economía Social es un concepto que en los últimos años ha empezado a sonar con fuerza. En el final de los años noventa del pasado siglo, cuando finalizaba mi formación universitaria, apenas había oído mencionar alguna vez el término, sin embargo con la llegada del actual siglo  empezó a ser un término cada vez más utilizado, en especial en el área  de desarrollo socioeconómico en que prestaba mis servicios profesionales. Resultaba todo muy  curioso, sin existir una definición que aportase certeza jurídica sobre qué era y quiénes la conformaban, existía un discurso desde las Administraciones Públicas españolas constatando la existencia de este fenómeno.

No se trataba, sin embargo, de un fenómeno novedoso, más bien consistía en la certificación de la existencia de determinadas manifestaciones de desarrollo económico que se aglutinaban en torno a una definición. La cual poseía un bagaje dentro de la literatura académica europea proveniente desde mediados del siglo XIX.

En los años que arranca este artículo, la diferencia entre España y otros países de su entorno, radicaba en que los propios integrantes de la Economía Social estaban reivindicando su papel dentro del contexto socioeconómico nacional, mientras que en Francia o Alemania tenían un peso asociativo fuerte dentro de la sociedad.

Antes de avanzar en el tema se hace necesario dar una definición que contextualice y asiente las bases del término, aunque en posteriores artículos ésta se amplié, matice, o reconfigure desde el punto de vista jurídico. Así que tomando prestada la definición de la obra del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales “Pobreza: Un Glosario internacional” , se puede afirmar que la Economía Social “se refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro. Aunque el tema del lucro es muy matizable, es cierto que éste queda supeditado a otros aspectos de la actividad económica, aclarando siempre que no perseguir el lucro no significa que no busque su sostenibilidad económica.

En orden a los diferentes estudios existentes sobre la economía social se puede ubicar el nacimiento del término finalizado el primer tercio del siglo XIX. En 1830 aparece el Nuevo Tratado de Economía Social de Charles Dunoyer, un liberal francés que reivindica el papel de las personas emprendedoras y productivas en la sociedad frente a las clases privilegiadas del estado, que son las que se benefician de la actividad económica que genera quienes producen. A este autor le seguirían otros, preocupados por la situación en que quedaban los individuos ante los tremendos cambios y problemas sociales  que estaba provocando la Revolución Industrial; a la par que buscaban soluciones de base económica que les resolviesen su situación socioeconómica.

Hay que dejar claro que el término se estaba empezando a configurar, e inicialmente se refería al desarrollo económico tomando como protagonistas a las propias personas frente a la economía en sí. Este pensamiento fue desarrollado en las escuelas de pensamiento económico de la época, ya fuesen socialistas, social-cristianos, liberales o solidaristas.

En aquel periodo la Economía Social se encontraba personificada en entidades de asociación voluntaria como eran las cooperativas y mutualidades, que habían surgido como organizaciones tendentes a la autoayuda. Momento en que destaca, aunque no es el único, la figura del gran reformador social que fue el galés Robert Owen, considerado el padre del cooperativismo.

La idea del cooperativismo se fue difundiendo, especialmente por Europa, y en 1895 se crea la Alianza Cooperativa Internacional, la cual ha celebrado diferentes congresos para adaptarse a los cambios de la realidad económica. Destaca la Declaración de Manchester surgida del Congreso celebrado en dicha ciudad, celebrado con motivo del centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, en ella definen la cooperativa como una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática”.

Por otro lado hay que mencionar la propia concepción de los Estados como “sociales”, concepto que durante el siglo XX se ha ido asumiendo en el derecho constitucional de muchos países, lo cual permite un caldo de cultivo favorable hacia la Economía Social. La concepción de un estado como social significa, entre otros aspectos, la orientación de la economía al servicio de las personas. Todo esto ha ayudado al desarrollo de otras figuras que con el tiempo se han ido adscribiendo a la Economía Social, como las empresas de inserción y las formadas mayoritariamente por personas con discapacidad, entre otras.

La unión de los fenómenos “tradicionales” de Economía Social con los más novedosos están adquiriendo gran peso en el llamado Tercer Sector, que se encuentra entre lo público y lo privado.

Finalmente mencionar la definición de la Carta de la Economía Social, surgida en Francia dentro de la asociación que aglutina a empresas mutualistas y cooperativas, y que ha servido de reflejo para otros países. Dicho documento define la  Economía Social como “el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad”.

¿Te gustaría comentar algún otro hecho de interés en la historia de la Economía Social? Tú opinión es importante, compártela.

Fotografía: Por Lin Kristensen (Own work) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)], via Wikimedia Commons.